Hace algunas semanas tuve oportunidad de concurrir a un seminario desarrollado en la Cámara de Diputados de México, donde se trataba el proceso de transformación energética en ese país. Allí se expusieron las experiencias de varios países, entre ellos Brasil, y el análisis de su crisis; el expositor estimó las pérdidas económicas derivadas de la misma entre un mínimo de 15.000 y un máximo de 30.000 millones de dólares.
Los costos de la crisis que se avecina en la Argentina aún están por verse y dependerán del grado que finalmente ésta alcance. El frío y las precipitaciones serán determinantes de su gravedad.
Para tener una idea del orden de esos costos basta pensar que cada punto de crecimiento del PBI que se pierda significa, aproximadamente, 1500 millones de dólares; solamente los combustibles adicionales que ya se han comprado importan entre 1000 y 1200 millones de pesos. Las estimaciones realizadas se refieren sólo a las pérdidas de este año.
La situación será harto peor en la medida en que las soluciones que se tomen no sean las adecuadas, ya que el racionamiento inevitable, que se manifestará en cortes y restricciones a la demanda, se podría extender por un período de varios años.
A mi juicio, para evitar la extensión de la crisis, hay medidas inmediatas y las que deben dirigirse a atacar el problema en su raíz. Como medidas para salvar la coyuntura el Gobierno ha decidido restringir exportaciones de gas, implementar un programa de racionamiento mediante un sistema de premios y castigos e importar combustible desde Venezuela mediante un intercambio compensado comercialmente. En tanto, como solución de fondo, sólo podemos contar hasta el momento con el acuerdo al que se arribó con los productores de gas para recuperar el precio en boca de pozo, siguiendo un sendero de incrementos paulatinos.
Las medidas coyunturales pudieron haberse instrumentado más felizmente, sobre todo las restricciones de exportación a Chile, pero no es su análisis lo que me interesa desarrollar sino las cuestiones de fondo.
La suerte para este invierno ya está echada. En una columna anterior opiné que el Gobierno tiene que llevar a cabo tres medidas de fondo: recomponer los mercados mayoristas de gas y electricidad, terminar la renegociación de los contratos de concesión de las transportistas y distribuidoras de gas y electricidad y lograr la sanción de la ley de tarifa social.
Recomponer los mercados de gas y electricidad se logra permitiendo que los grandes consumidores y las empresas distribuidoras celebren contratos libremente, pactados con los productores de ambos servicios. Esta decisión conlleva dos requisitos: el primero, que a la hora de aplicar restricciones los organismos encargados de la operación de los sistemas respeten los compromisos contraídos y no corten a aquellos consumidores que se aseguraron su provisión mediante un contrato. El segundo, que los precios de los contratos de compra de las distribuidoras puedan ser trasladados a las tarifas de los usuarios que dependen de ellas.
Objetivo fácil
La renegociación de las concesiones se logra fácilmente si el Gobierno acepta que los contratos originales no necesitan ninguna corrección ni adecuación de fuste, y decide restaurar la vigencia de los mismos. Si procediera de esta manera, la renegociación concluiría de hecho y las distribuidoras deberían asegurar el abastecimiento de sus usuarios. Así, la responsabilidad no sería ya del Gobierno sino que cada gran usuario debería velar por sí mismo y las distribuidoras, en representación de los pequeños consumidores domésticos.
Se puede pensar, obviamente, que esto implicaría una gran suba de las tarifas. En ese sentido, caben dos observaciones: la primera es que los costos de las empresas distribuidoras y transportistas han variado por efecto de la pesificación y posterior devaluación y los organismos reguladores deberían determinar sus nuevos valores. La segunda, que es imprescindible lograr la tercera medida que comentaba, la sanción de la tarifa social para mitigar el impacto en los sectores de menores recursos.
No obstante, estas medidas, que hace un par de años hubieran alcanzado por sí solas, dada la situación actual, lamentablemente, me parece que no serán suficientes si no se logra recrear la confianza. Bien puede pasar que, aun cuando las mismas se instrumenten, a la hora en que los demandantes traten de realizar contratos de abastecimiento no encuentren ni productores de gas ni generadores eléctricos dispuestos a realizar inversiones en perforaciones o equipos nuevos por desconfianza a que las decisiones tomadas por el Gobierno sean rápidamente modificadas.
Para subsanar este inconveniente, el Gobierno podría instrumentar un sistema de cobertura de riesgo con apoyo de organismos internacionales, por caso el Banco Mundial, colocando bajo la tutela de éste un fondo fiduciario que cubriría los costos en que incurriría alguna de las partes firmantes de los contratos de abastecimiento si el mismo no pudiera ser cumplido por cambios dispuestos por el Gobierno, ya sea en el marco de regulación del sector energía o en la operación concreta de los sistemas eléctrico o de gas.
De esta manera, la crisis sería superada por las acciones directas de los actores naturales, demandantes y oferentes, el Gobierno conduciría exitosamente un proceso de reorganización que serviría de ejemplo en la recuperación de la confianza de los inversores y el costo sería mínimo, toda vez que no fuese necesario recurrir al fondo de garantía.
El autor es consultor de empresas y fue secretario de Energía y ministro de Infraestructura.
